A eso súmenle lo de las becas
Pista para correr.- Ana Gabriela Guevara ya estaría siendo investigada por la FGR, y parece que alguien va a tener que recordar sus días de correr a toda velocidad.
Si hay un funcionario polémico del actual Gobierno Federal, además de obviamente Manuel Bartlett (¿qué diantres hace Bartlett al frente de la CFE?), es justamente Ana Gabriela Guevara, quien desde que fue designada directora de la CONADE ha estado envuelta en todo tipo de escándalos.
Y no solo ha sido la falta de apoyos a deportistas, pues también se le había señalado en supuestos desvíos de recursos públicos, denuncias que ya empezaron a tomar forma pues al parecer ya se han iniciado dos carpetas de investigación en su contra.
🔴#ÚLTIMAHORA | La FGR inicia dos carpetas de investigación contra Ana Gabriela Guevara por desvío de recursos en la Conade. pic.twitter.com/0UlpH8oS6q
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Y es que hace poco la Auditoría Superior de la Federación había identificado 18 actos distintos de posible corrupción dentro del organismo, incluyendo un contrato por 18 millones de pesos a una empresa para la organización de eventos que nomás nunca sucedieron, como el abanderamiento de la delegación mexicana que acudió a los Juegos Panamericanos de Lima, en 2019.
Ana Gabriela Guevara tendrá que volver a ponerse los tenis
“Son carpetas de investigación que se abren no por un opositor político, de algún anónimo o de algún atleta enojado, que ha habido bastantes, por cierto. Si no porque vienen de denuncias presentadas por la Auditoria Superior de la Federación”, reveló el periodista Arturo Rángel.
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Acorde a la investigación que ya forma parte de la carpeta de investigación “se encontraron irregularidades en el pago de 77 millones de pesos a entrenadores, pero el 50 por ciento de ellos no se encuentran registrados y tampoco hay documento que certifique que estaban capacitados para el alto rendimiento”. Y pues estamos en shock.
Para terminarla de amolar, la ASF también halló irregularidades en la entrega de becas sin haber cumplido con los requisitos, así como pagos “irregulares” de reconocimientos económicos vitalicios.
